Justicia e independencia de poderes

A Tiro de Piedra

Por Julian Santiesteban

Si algo puede reclamarse al Poder Judicial, tanto nacional como local, es su parcial impartición de justicia y no los estratosféricos salarios que acusa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque si algo agravia al mexicano no son los recursos que ni ve ni percibe como perdidos, pero sí la descarada actuación de quienes, escudados en la Constitución, se atreven a torcerla a placer, con la permanente sospecha de la dádiva mal habida.

Si, a nivel nacional y local, magistrados, jueces y personal en general del Poder Judicial han manifestado su inconformidad por la intención de reducirles sus salarios, reduciendo el diferendo a una cuestión política que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resaltado como sana, pues ha dicho que nunca habían existido diferencias tales en dos poderes, estando siempre uno supeditado al otro, pero ninguno ha elevado la voz como ayer lo hiciera la fiscal especializada en combate a la corrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien ha criticado fuertemente a esos impartidores de justicia que están permitiendo la liberación de  los saqueadores de las arcas estatales en administraciones quintanarroenses anteriores.

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tendiera puentes reales de concordia política, encontraría en el caso quintanarroense señalamientos suficientes para reprobar el desempeño del Poder Judicial, cuyo caso más reciente –la liberación de Mario Castro Basto- generan la sospecha de que todos los llamados “borgistas” sujetos a procesos federales, incluido el mismo ex mandatario, Roberto Borge Angulo, alcanzarán la libertad sin problema alguno, y ese tipo de acciones resultan más que decepcionantes para una sociedad que espera que los enriquecimientos privados con recursos públicos no queden impunes.

Las investigaciones locales se mantienen, ha destacado la funcionaria, pero es en la justicia federal en donde los ex funcionarios están encontrando todas las facilidades para salir libres, y aunque los señalamientos hasta hace algunos meses se centraban en las sospechas de que la fenecida administración de Enrique Peña Nieto los protegía, ahora queda claro que el Poder Judicial opera con tentáculos de corrupción propios, pues sólo así se entiende que ya iniciada la administración “lopezobradorista” los “beneficios” siguen llegando a los que fueron calificados de saqueadores.

Claro está que el ahora presidente ha planteado el “borrón y cuenta nueva”, que no habrá persecuciones por actos de corrupción cometidos, pero entonces qué caso tendría seguir los procesos judiciales si terminan siendo actos de simulación; así como Mario Castro Basto, caminarán a sus casas Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y todos los oscuros personajes de los que supimos en años recientes. Pero así es entonces la democracia que esperábamos y la justicia a la que podemos aspirar, ¿de acuerdo?

COMENTARIO MORBOSO

A propósito de discursos y realidades, durante la administración de Peña Nieto, se mantuvo siempre el discurso de que la actividad turística era una prioridad nacional, pero durante sus tres últimos años la constante fue el recorte presupuestal a la Secretaría de Turismo (Sectur), y aun así la actividad ha seguido creciendo en número de turistas que llegan a México, consolidando al país como el sexto lugar mundial.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador no se ha privilegiado al turismo discursivamente y tampoco en el diseño de políticas públicas, por el contrario, se ha determinado la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); así que podrá pensar el lector que, por lo menos, no existe la hipocresía discursiva, sólo que el turismo es uno de los pilares económicos de México, cuya economía no crece y es esta actividad lúdica de las únicas que de manera constante aporta recursos a la administración pública. Tanto que los recursos que eran destinados a la promoción, serán ahora reorientados para la aventura de construir el llamado Tren Maya.

Por lo anterior, el Congreso de Quintana Roo ha elevado la voz, demandando a la administración de López Obrador que los recursos de promoción de mantengan; habrá que ver si logran la atención de un gobierno que parece escuchar sólo lo que le conviene, y las posturas encontradas las califica como ataques políticos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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