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Controversia en el Senado por el anuncio de recortar plazas

Política de austeridad dividió opiniones

IQCANCÚN 1 AGOSTO 2018.- El anuncio de la bancada de Morena de que buscará que se eliminen 100 puestos de funcionarios de alto mando en el Senado, dentro de la política de austeridad que pondrá en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dividió opiniones.

La senadora priísta Diva Hadamira Gastélum pidió cautela en los recortes, para no poner en riesgo el trabajo del Senado, pero el panista Francisco Búrquez consideró que es necesario disminuir hasta en 50 por ciento el presupuesto del gobierno y del Congreso, para acabar con derroches.

De acuerdo con datos que el Senado consigna en su página electrónica, hasta diciembre de 2017 había 467 funcionarios en esa cámara, 49 más que en 2015, cuando inició la obligación de hacer transparente el uso del presupuesto.

Hasta junio pasado el número de funcionarios había disminuido a 418, un número alto frente a los 593 sindicalizados, 87 empleados de confianza y 271 del Servicio Civil de Carrera.

Los funcionarios fueron contratados por honorarios hace seis años y pueden ser liquidados por la nueva administración, como ocurre al inicio de cada legislatura.

Un día antes, Martí Batres, senador electo por Morena, anunció que se van a eliminar 100 plazas de funcionarios, ya que se trata de un exceso de personal, además de disminuir los altos salarios que hay para mandos medios y superiores, así como las dietas de los legisladores y otros privilegios, como seguros de gastos médicos mayores.

Al respecto, Gastélum comentó que se debe tener cuidado con un personaje al que llaman el recortista, ya que esa cámara no es pedazo de tela al que le tengan que cortar para adaptarlo a algo.

Demandó a Morena ver con mucha seriedad su pretensión de recortar el gasto público del Senado para no atropellar derechos ni limitar las funciones de los legisladores, entre ellas las de gestión al quitarles recursos.

El panista Búrquez estuvo de acuerdo en que debe reducirse el costo del Congreso y en general de todo el Estado, que es muy oneroso, pero coincidió en que deben respetarse los derechos de los trabajadores de base. (LA JORNADA)

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