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Consulta popular que impulsa Carlos Joaquín contamina el proceso electoral Marybel Villegas

IQCANCÚN 16 ABRIL 2018.- Marybel Villegas Canché acusó que el gobernador Carlos Joaquín González está interfiriendo  en el actual proceso electoral al impulsar una consulta popular el próximo primero de julio en el municipio de Benito Juárez para la aprobación o no de las plataformas digitales (tipo Uber), con lo que pretende desviar la atención de los ciudadanos y contaminar el clima electoral.

Añadió que para ello incluso se aprobó “fast track” y a modo una Ley de Participación Ciudadana.

En conferencia de prensa, Marybel Villegas aclaró que de ninguna manera está en contra de que se realicen consultas populares  para la toma de decisiones por parte del gobierno y tampoco está en contra de la operación de plataformas digitales para transporte público, como UBER, pero sí en contra de los “albazos legislativos” y de que no se respeten los tiempos y procedimientos adecuados para garantizar su legalidad.

Por ello, pidió al gobernador y a los diputados de la XV Legislatura que respeten las leyes y los derechos de los ciudadanos quintanarroenses y se posponga la consulta popular hasta después del proceso electoral.

Villegas Canché explicó que en solo nueve días la XV Legislatura de Quintana Roo revisó ocho iniciativas de leyes de participación ciudadana presentadas por diversos actores, 54 propuestas provenientes de ciudadanos y de asociaciones civiles. El 12 de marzo fue el último evento de consulta sobre dicha iniciativa y nueves días después, el 21 de marzo, se aprobó tanto en comisiones como en el pleno legislativo.

Lo anterior evidenció la urgencia en legislar sobre uno de los temas que más apremia a nuestra comunidad, que son la reglas de cómo podemos participar pero el “fast track” legislativo “nos recuerda las mismas prisas que se tuvieron para realizar el paquete de impunidad de la anterior legislatura”.

Tras dicha aprobación, en solo cinco días el Ejecutivo del Estado realizó el 28 de marzo la petición al IEQROO para realizar la consulta popular en Benito Juárez sobre el tema, el cual la aprobó el 11 de abril en el último día que tenía para validar, de conformidad con lo que establece el artículo  48 de la nueva Ley de Participación Ciudadana, en un resolutivo de tan solo dos hojas.

Detalló que el Artículo 48 de la Ley de Participación Ciudadana dispone que el IEQROO podrá apoyarse con los colegios y organizaciones sociales para determinar la trascendencia del tema de la consulta, lo que no ocurrió, de hecho no hubo petición alguna a algún colegio, organizaciones de la sociedad civil, ni mucho menos a especializados en materia de transporte, movilidad o de cualquier otra materia afín al tema que se ha puesto a consideración de la consulta popular.

Marybel Villegas subrayó que “l costo que pagaremos por la Consulta se estima en 10 millones de pesos, ya que implica que se impriman boletas con todas las formalidades que se exige para una boleta electoral de seguridad, mamparas, urnas, responsables de cuidar el procedimiento, capacitadores para quienes vayan a estar en las mesas directiva de casillas, entre otros.

Apuntó que a nivel federal, el término para solicitar una Consulta Popular que tenga verificativo el 1° de julio del 2018, venció en el mes de septiembre del 2017, pero a nivel estatal con la nueva Ley de Participación solo bastan 90 días para preparar todo un proceso de consulta popular. Cabe señalar que desde la aprobación de la Ley federal se ha tenido la oportunidad de realizar dos consultas populares a nivel nacional y derivado de la complejidad económica no ha sido posible llevarlas a cabo.

Así mismo, el resultado de la consulta popular será vinculante (es decir obligatoria para el Estado) si participa el 35 por ciento del listado nominal estatal o municipal actualizado y de éstos, la mitad más uno de las opiniones se manifieste en uno u otro sentido. De no cumplir con la participación ciudadana requerida por la Ley, el gasto erogado habría sido innecesario.

Agregó el próximo 4 de mayo vence el plazo para que la Ley de Participación Ciudadana pase el tamiz de la legalidad en Quintana Roo, si antes no se presentan recursos de acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos, algún partido político que pueden derivar en la suspensión de actos realizados con fundamente en la citada ley “ante la evidente vulneración de derechos humanos, y por carecer de un proceso legislativo apegado a la legalidad tal y como lo establece la Constitución del Estado y la propia ley del Congreso”.

“Evidentemente no es el momento oportuno para realizar una consulta popular, y peor aun tratándose de un tema sensible como la aprobación de plataformas digitales como Uber, y por ello reitero que se posponga dicha consulta hasta después de las elecciones o, bien, que los diputados del Congreso retomen el análisis y legislen para permitir la operación de dichas plataformas”.

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